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Judicial

SUCRE | La crisis en el sistema judicial boliviano ya tiene un cronograma de ejecución. Tras la histórica cumbre en la capital, el magistrado Carlos Ortega Sivila fue el encargado de poner las cartas sobre la mesa: el Órgano Judicial activará un plan de paros escalonados si el Gobierno central no atiende de inmediato el reclamo por un incremento presupuestario.La paciencia de las autoridades judiciales llegó a su punto de no retorno. Como primera medida de presión antes de la paralización total, se ha conformado una comisión oficial de emergencia. Esta comitiva tiene la misión de convocar al Gobierno nacional a una audiencia pública en Sucre para exponer, de manera abierta, las razones técnicas y operativas por las cuales el sistema de justicia ya no puede funcionar con el presupuesto actual.Cuenta regresiva: El paro arranca el 6 de julioDe no recibir una respuesta favorable o si el Ejecutivo se niega a asistir a la mesa de diálogo, el Órgano Judicial activará un plan de contingencia que paralizará de forma progresiva a los tribunales de todo el país.El ultimátum ya tiene fecha de inicio: el próximo lunes 6 de julio."Ha llegado el momento de hacernos respetar"Las declaraciones del magistrado chuquisaqueño reflejan la indignación y la firmeza del sector, enviando un mensaje directo a las esferas del poder político sobre el inicio de una batalla institucional sin precedentes."Ha llegado el momento de hacernos respetar. Entonces, viene el paro de 24 horas, de 48 horas y luego de 72 horas e indefinido, hasta que el Órgano Judicial se haga respetar", sentenció Ortega Sivila de forma categórica.El plan de presión escalonada:Paso 1: Audiencia pública en Sucre para evidenciar la asfixia económica ante el Gobierno.Paso 2: Si hay negativa, inicio del paro de 24 horas el lunes 6 de julio.Paso 3: Escalada inmediata a paros de 48 y 72 horas.Paso 4: Bloqueo judicial total mediante un paro indefinido.El país entra en una semana decisiva. Con los plazos ya establecidos por el magistrado Ortega, la expectativa social y política se concentra en la respuesta que dará el Ejecutivo en las próximas horas para evitar que Bolivia se quede sin administración de justicia.

SUCRE | La administración de justicia en Bolivia se encuentra al borde del colapso total. Tras una reunión de emergencia en la capital, las máximas autoridades del Órgano Judicial lanzaron un ultimátum contundente al Ejecutivo: o se instalan mesas de diálogo inmediatas con el presidente Rodrigo Paz o el país se quedará sin sistema de justicia de forma indefinida.La paciencia del sector judicial llegó a su fin. En un hecho sin precedentes, los representantes de las instituciones clave del país —el Tribunal Supremo de Justicia, los nueve tribunales departamentales, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura— han unificado fuerzas para iniciar una escalada de medidas de presión ante lo que califican como un "abandono presupuestario" insostenible.Una asfixia económica que llegó al límiteEl detonante de esta crisis es la crítica situación financiera del sector. Según revelaron los altos magistrados, los recursos destinados a la justicia nacional no alcanzan siquiera el 1% del presupuesto general, una cifra que ha imposibilitado sostener una administración eficiente y digna.Ante este escenario, la exigencia es clara y directa:Presencia presidencial: Exigen una reunión urgente en Sucre con el mandatario Rodrigo Paz.Tratamiento legislativo: Demandan la aprobación inmediata de un paquete de leyes clave que siguen congeladas en el Legislativo.La advertencia de Romer Saucedo: "La justicia va a parar"El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, actuó como portavoz del malestar general tras el encuentro con los líderes judiciales de los nueve departamentos. Con un tono de profunda indignación, Saucedo cuestionó la falta de atención del Gobierno hacia las instituciones formales, contrastándola con la rapidez con la que se cede ante presiones informales."Se ha determinado que la justicia también va a parar en el país porque, lastimosamente, a los que respetamos la institucionalidad y el Estado de Derecho no se nos atiende; pero a los que bloquean, a ellos sí", fustigó la máxima autoridad judicial.El cronograma de la crisis: ¿Qué pasará ahora?La estrategia del Órgano Judicial está diseñada para presionar al Ejecutivo de forma gradual, sembrando la incertidumbre sobre el futuro de miles de procesos legales en todo el territorio nacional:Fase 1: Paro de advertencia de 24 horas.Fase 2: Si no hay respuesta, la medida se extenderá a 48 y 72 horas.Fase Final: Activación del paro indefinido, una medida extrema que congelaría por completo los tribunales del país.La pelota está ahora en la cancha del Gobierno central. Las próximas horas serán decisivas para saber si se abre una vía de negociación en Sucre o si Bolivia se encamina a un apagón judicial de consecuencias impredecibles.

Ejecutivo promulga hoy la Ley de Excepción para mitigar el impacto de los bloqueosLa Paz.– Este lunes a las 10:30, el presidente Rodrigo Paz Pereira promulgará la Ley de Excepción en un acto oficial en la Casa Grande del Pueblo, acompañando por ministros de Estado, legisladores y el proyectista de la norma, el senador Daniel Ortiz.El instrumento legal busca garantizar de manera urgente el abastecimiento de alimentos y el libre tránsito en las zonas del país afectadas por las movilizaciones. El senador Ortiz enfatizó el espíritu regulatorio de la ley, aclarando que su implementación respeta plenamente los derechos humanos y prioriza el bienestar de los departamentos desabastecidos.Próximos pasos legales:Reglamentación: El Órgano Ejecutivo emitirá un decreto supremo para viabilizar la aplicación de la norma.Control legislativo: La Asamblea Legislativa será convocada posteriormente para el tratamiento y fiscalización de la medida, cumpliendo con los lineamientos legales correspondientes.

Los diputados de Alianza Popular de Andrónico Rodríguez y el bloque del PDC que es afín al vicepresidente Edmand Lara se opusieron a la norma que tuvo un apoyo de dos tercios de la Cámara.Después de más de 13 horas de debate, el pleno de la Cámara de Diputados sancionó la madrugada de este domingo la Ley de Regulación de Estados de Excepción y la remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación.“Habiéndose aprobado en sus estaciones en grande y en detalle y siendo Cámara revisora queda sancionada la presente ley. Remítase al Ejecutivo para fines constitucionales”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, la madrugada de este domingo (05:53).Con la sanción de esta norma y su posterior promulgación por parte del presidente Rodrigo Paz, el jefe de Estado ya cuenta con las herramientas legales y la base constitucional para - si así lo decide - aprobar y emitir un decreto supremo que dicte un estado de excepción en Bolivia.Ante un escenario de conflictos con bloqueos de carreteras que hace 37 días impiden en libre tránsito de vehículos en algunos puntos del país, un cerco a La Paz, y las amenazas de convulsión de algunas organizaciones afiliadas a la COB, campesinos paceños y grupos radicales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, la Asamblea Legislativa a través de sus dos cámaras aceleró el tratamiento del proyecto de ley marco que regula los estados de excepción en Bolivia.El Senado con algunas modificaciones al proyecto original, aprobó la norma el jueves de Corpus Cristi y entre el sábado y la madrugada de este domingo, Diputados como cámara revisora y en una sesión virtual y presencial, sin modificaciones sancionó la ley que tiene 27 artículos y una disposición abrogatoria.“Esta Ley tiene por finalidad garantizar el Sistema Democrático de Gobierno, la independencia, seguridad, estabilidad, soberanía, integridad y el Estado de Derecho, la conservación del orden público interno, la vigencia de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política del Estado; la protección y auxilio de la ciudadanía en casos de amenaza externa, conmoción interna o desastres naturales”, se lee en el artículo 3 de la norma.En tanto que en su primer artículo puntualiza que la norma “tiene por objeto regular los estados de excepción”, cumpliendo el mandato del parágrafo III del Artículo 139 de la Constitución Política del Estado (CPE) que a la letra señala que “los estados de excepción serán regulados por la ley”.La mayoría de los artículos, a excepción de unos cuatro, fueron aprobados por más de dos tercios del pleno de Diputados, es decir, las bancadas del PDC del bloque oficialista, de Unidad, Libre y Súmate, respaldaron la norma. Los que rechazaron fueron diputados de Alianza Popular, del PDC de la línea del vicepresidente Edmand Lara, quienes según sus propios colegas trataron de “atemorizar” a los legisladores para que no respalden esta norma porque si se aprueba, según los detractores, se estaría dando luz verde para “masacrar al pueblo” y que los parlamentarios podrían ser procesados por ello.Uno de los artículos más observados fue el 26 que dice que “las actuaciones realizadas por miembros de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción gozarán de presunción de legalidad”. Para los diputados de Andrónico Rodríguez y los laristas, este artículo es una “carta blanca” para que las fuerzas del orden – policías y militares – arremetan contra “el pueblo”, en este caso contra los bloqueadores y queden impunes ante la justicia.La premisa fue rechazada por Unidad, el PDC y Libre que reclamaron que sus colegas solo salen en defensa de los bloqueadores que tienen cercada la ciudad de La Paz hace más de un mes y qué pasa con los derechos de millones de bolivianos que no pueden acceder a alimentos, medicamentos o no pueden transitar libremente por las carreteras.A pesar de las posturas contrarias, al momento de votar, ese artículo tuvo el respaldo de más de dos tercios de los asambleístas.