¡RESTRUCTURACIÓN JUDICIAL! Magistrado Ortega le pone fecha al apagón de la justicia si el Gobierno no cede
SUCRE | La crisis en el sistema judicial boliviano ya tiene un cronograma de ejecución. Tras la histórica cumbre en la capital, el magistrado Carlos Ortega Sivila fue el encargado de poner las cartas sobre la mesa: el Órgano Judicial activará un plan de paros escalonados si el Gobierno central no atiende de inmediato el reclamo por un incremento presupuestario.
La paciencia de las autoridades judiciales llegó a su punto de no retorno. Como primera medida de presión antes de la paralización total, se ha conformado una comisión oficial de emergencia. Esta comitiva tiene la misión de convocar al Gobierno nacional a una audiencia pública en Sucre para exponer, de manera abierta, las razones técnicas y operativas por las cuales el sistema de justicia ya no puede funcionar con el presupuesto actual.
Cuenta regresiva: El paro arranca el 6 de julio
De no recibir una respuesta favorable o si el Ejecutivo se niega a asistir a la mesa de diálogo, el Órgano Judicial activará un plan de contingencia que paralizará de forma progresiva a los tribunales de todo el país.
El ultimátum ya tiene fecha de inicio: el próximo lunes 6 de julio.
"Ha llegado el momento de hacernos respetar"
Las declaraciones del magistrado chuquisaqueño reflejan la indignación y la firmeza del sector, enviando un mensaje directo a las esferas del poder político sobre el inicio de una batalla institucional sin precedentes.
"Ha llegado el momento de hacernos respetar. Entonces, viene el paro de 24 horas, de 48 horas y luego de 72 horas e indefinido, hasta que el Órgano Judicial se haga respetar", sentenció Ortega Sivila de forma categórica.
El plan de presión escalonada:
Paso 1: Audiencia pública en Sucre para evidenciar la asfixia económica ante el Gobierno.
Paso 2: Si hay negativa, inicio del paro de 24 horas el lunes 6 de julio.
Paso 3: Escalada inmediata a paros de 48 y 72 horas.
Paso 4: Bloqueo judicial total mediante un paro indefinido.
El país entra en una semana decisiva. Con los plazos ya establecidos por el magistrado Ortega, la expectativa social y política se concentra en la respuesta que dará el Ejecutivo en las próximas horas para evitar que Bolivia se quede sin administración de justicia.
